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             Una serie de estados imponen pruebas obligatorias de VIH a los presos al ingresar y salir de prisión, una práctica que viola su derecho a ofrecer su consentimiento informado y puede generar discriminación en las oportunidades de empleo, programas y redención por trabajo en prisión. En Alabama, Carolina del Sur y Misisipi, se sigue segregando a los presos con VIH de la población general, lo que obliga a la revelación involuntaria de su condición y promueva la discriminación.

 

             La Ley de Reforma del Litigio Penitenciario (PLRA, en inglés), promulgada por el Congreso en 1996, crea diversos obstáculos para los presos que quieran reivindicar sus derechos en los tribunales. En su informe de junio de 2009 No Equal Justice: The Prison Litigation Reform Act in the United States (Sin igualdad de justicia: La Ley de Reforma del Litigio Penitenciario de Estados Unidos), Human Rights Watch observó que las restricciones de la PLRA han provocado la desestimación de demandas por abusos sexuales y otras lesiones importantes, y constituyen una barrera importante para la protección de la salud y la seguridad de los presos.

 

Los derechos de los no ciudadanos

 

             En Estados Unidos viven unos 38 millones de no ciudadanos, de los cuales aproximadamente 12 millones carecen de documentación legal. En 2009, el Gobierno de Estados Unidos adoptó algunas medidas preliminares positivas, pero no resolvió muchos de los diversos problemas de derechos humanos que sufre esta población.

 

             En 2009, casi 100,000 no ciudadanos, entre ellos muchos inmigrantes en situación irregular, fueron deportados de Estados Unidos después de cumplir condenas de prisión, con frecuencia por delitos menores no violentos como posesión de marihuana. De acuerdo con las leyes restrictivas aprobadas en 1996, los jueces que presiden muchos de estos casos no tienen discrecionalidad para permitir que los inmigrantes permanezcan en Estados Unidos; a pesar de su presencia legal en el país, su condición de cónyuge o progenitor de un ciudadano estadounidense, sus contribuciones a la economía, su servicio en las fuerzas armadas de Estados Unidos o la posibilidad de que sufran persecución después de su deportación.

 

             El informe de Human Rights Watch de abril de 2009, Forced Apart (By the Numbers) (Separación forzosa (por la norma)) analizó los datos oficiales y desmintió la creencia popular de que la política de deportación estadounidense se centra casi exclusivamente en los no ciudadanos indocumentados (o en situación ilegal) con

antecedentes de violencia criminal. En realidad, los antecedentes penales de tres cuartas partes de los no ciudadanos deportados de Estados Unidos durante la última década se limitaban a delitos no violentos, y uno de cada cinco había residido legalmente en el país, a veces durante décadas. Estas deportaciones separaron de sus familiares al menos a un millón de cónyuges e hijos, muchos de ellos ciudadanos de Estados Unidos.

 

             Estados Unidos recluye aproximadamente a 300,000 no ciudadanos cada año en una red de alrededor de 300 centros. Los inmigrantes están recluidos inicialmente cerca de sus abogados o los testigos de su caso, en lugares como Nueva York o Los Ángeles, pero son trasladados después a centros de detención en las zonas rurales de Texas y Luisiana. Entre 1999 y 2008, se produjeron 1.4 millones de traslados de detenidos. Los traslados interfieren con el derecho de los detenidos a ser representados por un abogado, defenderse contra la deportación, presentar testigos y otras pruebas, y no sufrir una detención arbitraria y prolongada.

 

             El informe de Human Rights Watch de marzo de 2009, Detained and Dismissed: Women's Struggles to Obtain Health Care in United States Immigration Detention (Detenidas y descartadas: Las luchas de las mujeres para obtener cuidados de salud en los centros de detención inmigratoria de EE. UU.), documentó la prestación inadecuada de atención ginecológica periódica, controles y diagnósticos de cáncer de cuello de útero y de mama, servicios de planificación familiar, cuidados prenatales y postnatales, y servicios para las víctimas de violencia sexual y de género. Muchos de estos problemas pueden atribuirse a la política oficial del ICE, que se centra en la atención de emergencia y disuade al personal de que ofrezca ciertos servicios sanitarios esenciales a las mujeres.

 

             A finales de 2008, el ICE revisó sus estándares de detención e incorporó algunas mejoras de la atención médica prestada a los detenidos, pero los cambios no llegaron a cumplir las reformas que se habían reclamado. En julio de 2009, los funcionarios del ICE se negaron a convertir los estándares de detención en reglas de obligado cumplimiento, y declararon que las políticas revisadas eran adecuadas.

 

             En 2008, el Congreso rechazó las leyes que prohíben la entrada, la permanencia y la residencia en Estados Unidos a los no ciudadanos con VIH. En noviembre de 2009, el Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció el levantamiento total de esta prohibición a partir del 1 de enero de 2010.

En septiembre, la oficina de Coordinación de las Actividades Gubernamentales en los Territorios, dependiente del Ministerio de Defensa de Israel, interrumpió los contactos con las organizaciones de derechos humanos israelíes que tramitan solicitudes individuales de permisos de salida de Gaza, incluso para los casos de emergencia humanitaria. Los residentes de Gaza no tienen acceso directo a las autoridades militares israelíes.

 

Cisjordania: La Autoridad Palestina

 

Tres hombres, según se informó, todos simpatizantes de Hamas, murieron bajo la custodia de los servicios de seguridad de la Autoridad Palestina (AP) en Cisjordania. En un sólo caso se llevó a los sospechosos a juicio: la muerte de Haitham Amr, cuyo cuerpo tenía señales de tortura después de haber sido detenido en junio por la agencia de Inteligencia General en Hebrón. (En noviembre se estaba celebrando un proceso militar de los oficiales presuntamente involucrados). En octubre, la Comisión Independiente de Derechos Humanos, un organismo palestino, había recibido 150 denuncias de tortura de detenidos por la AP en Cisjordania.

 

Derribos de hogares y evacuaciones

 

A finales de octubre, las autoridades israelíes habían derribado 103 estructuras residenciales en Cisjordania (incluido Jerusalén Oriental), que provocaron el desplazamiento de 581 personas. Las autoridades justificaron los derribos alegando que las estructuras se habían construido sin permisos; en la práctica, es casi imposible para los palestinos obtener estos permisos. En un caso ocurrido en junio, las autoridades israelíes derribaron las casas y los corrales de 18 familias de pastores en el norte del Valle del Jordán, provocando el desplazamiento de 130 personas, cinco días después de ordenarles evacuar el área porque estaban viviendo en una "zona militar cerrada". Algunas de las familias desplazadas llevaban viviendo en este lugar desde al menos los años cincuenta.

En agosto, en cumplimiento de una orden judicial, la policía israelí desalojó por la fuerza a 53 palestinos, entre ellos 20 niños, de sus casas en el barrio de Sheikh Jarrah de Jerusalén Oriental. Los colonos israelíes se instalaron inmediatamente en sus casas.

Israel continuó su política de derribo de casas de familias de militantes palestinos condenados, después de que el Alto Tribunal de Justicia confirmara esta política como un elemento de disuasión contra futuros atentados, a pesar de que los familiares no habían sido implicados en las actividades de militancia.

Durante la primera mitad de 2009, Israel terminó 881 viviendas y empezó a construir otras 666 en asentamiento ilegales de Cisjordania. En julio se habían  construido al menos 96 nuevas estructuras en asentamientos no autorizados "de avanzada", y las autoridades israelíes aprobaron la construcción de 455 nuevas viviendas en septiembre, según Peace Now.

 

Actores internacionales clave

 

Israel es el principal receptor de ayuda de Estados Unidos y, en 2009, recibió asistencia militar por valor de US$2,700 millones, sin ninguna condición de derechos humanos. El gobierno de Obama instó a Israel a que cesara la construcción de nuevos asentamientos, pero después calificó de "avance" una paralización temporal de las nuevas construcciones que no incluyó los planes existentes o Jerusalén Oriental. Estados Unidos continuó entrenando y equipando a las fuerzas de seguridad palestinas.

El actual Plan de Acción de la Unión Europea e Israel sólo menciona vagamente las preocupaciones en materia de derechos humanos, en contraste con los planes similares de la UE con otros países de la región. La UE paralizó extraoficialmente una mejora de la calificación de sus relaciones con Israel tras la Operación Plomo Fundido.

Después de la guerra de Gaza, los donantes internacionales se comprometieron a aportar US$4,400 millones para ayudar a la reconstrucción; a pesar de ello y debido a las restricciones israelíes de las importaciones, la UNRWA declaró en agosto que "no había llegado ni un céntimo de la ayuda a Gaza".

             Los ciudadanos estadounidenses disfrutan de toda una serie de libertades civiles pero siguen existiendo graves preocupaciones en materia de derechos humanos, especialmente en el contexto de la justicia penal, la inmigración, y la legislación y política antiterroristas.

 

Pena de muerte

 

             A noviembre de 2009 se habían realizado 45 ejecuciones en Estados Unidos durante este año, en comparación con las 37 de todo 2008. En marzo de 2009, Nuevo México abolió la pena capital y aumentó a 15 el número de estados que no imponen esta condena.

 

             Entre enero y noviembre de 2009, nuevo presos fueron eximidos de culpa y liberados del callejón de la muerte, lo que supone un total de 139 presos condenados a muerte puestos en libertad desde 1973 al demostrarse su inocencia.

 

             En septiembre de 2009, el intento de ejecución en Ohio de Romell Broom por inyección letal falló después de que los ejecutores intentaran durante más dos horas localizar una vena adecuada, mientras que, según se informó, Broom hacía muecas de dolor y lloraba cuando los ejecutores le clavaron la aguja al menos 18 veces. El intento frustrado de ejecución hizo que el Gobernador de Ohio impusiera una moratoria sobre las ejecuciones a la espera de una revisión del protocolo de la inyección letal en el estado.

 

Menores con cadena perpetua sin posibilidad de obtener libertad condicional

 

             En mayo de 2009, Human Rights Watch revisó al alza su cálculo de 2,574 presos condenados a cadena perpetua sin posibilidad de obtener libertad condicional en Estados Unidos por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años. No se sabe de nadie que esté cumpliendo este tipo de condena por delitos cometidos cuando eran menores de edad en ningún otro lugar del mundo.

 

             A finales de año, se habían presentado proyectos de ley para poner fin a este tipo de condenas a menores en el Congreso de Estados Unidos y en las asambleas legislativas de Alabama, California, Florida, Iowa, Michigan, Missouri, Nebraska y Pennsylvania.

 Encarcelamiento

 

             Un informe de marzo de 2009 de la Oficina de Estadísticas Judiciales del Departamento de Justicia de Estados Unidos observó que la población carcelaria había alcanzado un máximo histórico de casi 2.4 millones de reclusos. Estados Unidos siguen teniendo tanto la mayor población carcelaria como la mayor tasa de encarcelamiento del mundo.

 

             En muchas prisiones estatales, el hacinamiento ha generado graves riesgos para la salud y la seguridad de los reclusos. El sistema de prisiones de California, con cerca de 160,000 presos, está funcionando casi al doble de su capacidad; el número de reclusos en algunos centros equivale al 300 por ciento de su capacidad prevista. En agosto de 2009, después de concluir que este hacinamiento provoca deficiencias inconstitucionales en el cuidado a la salud médica y psicológica de los presos, un panel de jueces federales ordenaron al estado que diseñara un plan para reducir su población carcelaria en aproximadamente 40,000 personas en un plazo de dos años.

 

             Los miembros de las minorías raciales y étnicas continúan ocupando una parte desproporcionada de esta tasa de encarcelamiento. La tasa de encarcelamiento de los hombres negros es 6.6 veces la de los hombres blancos, y más del 10 por ciento de todos los hombres negros de entre 25 y 39 años están encarcelados en cualquier momento. El informe de Human Rights Watch de marzo de 2009,  Decades of Disparity: Drug Arrests and Race in the United States (Décadas de desigualdades: Arrestos por drogas y raza en los Estados Unidos) observó que durante el período que va de 1980 a 2007, la tasa anual de detenciones de negros por delitos relacionados con drogas fue entre 2.8 y 5.5 veces superior a la de los blancos, a pesar de que la tasa de implicación en actividades ilegales relacionadas con las drogas fue similar para negros y blancos.

 

             Las mujeres embarazadas encarceladas experimentaron un mayor, aunque aún insuficiente, reconocimiento de sus derechos. El número de estados que restringen la aplicación de grilletes a las reclusas embarazadas pasó de tres a seis, y un tribunal federal de apelaciones dictaminó que poner grilletes a las mujeres durante el parto viola la Constitución de Estados Unidos. La Oficina Federal de Prisiones y el Servicio de Alguaciles Federales de EE. UU. (US Marshals) limitaron esta práctica en 2008; el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) carece todavía de restricciones suficientes.

 

             Cada año, decenas de miles de presos en Estados Unidos sufren abusos sexuales por parte del personal u otros reclusos porque los funcionarios no han instaurado medidas básicas para protegerles. En 2003, el Congreso aprobó la Ley nacional para la eliminación de las violaciones sexuales en prisión (PREA, en inglés), que creó la Comisión Nacional de Eliminación de Violaciones en las Prisiones, encargada de examinar las causas y las consecuencias de estas violaciones. En junio de 2009, la Comisión presentó sus conclusiones y recomendó normas para todos los centros de reclusión federales, estatales y locales, lo que incluye las prisiones con gestión pública y privada, las cárceles, los calabozos, los centros para menores, los centros de detención de inmigrantes y los establecimientos correccionales comunitarios. De acuerdo con la PREA, el Fiscal General de Estados Unidos tiene hasta junio de 2010 para adoptar normas nacionales sobre violaciones en las prisiones inmediatamente aplicables a los centros federales; los estados tendrán un año para cumplirlas o tendrán que renunciar a una parte del financiamiento federal para correccionales que reciben.

 

             A pesar del gran número de presos con historiales de consumo de drogas y adicción, las prisiones y las cárceles de Estados Unidos mantienen su resistencia, incluso hostilidad, a ofrecer un tratamiento basado en la evidencia. El informe de Human Rights Watch de marzo de 2009 Barred from Treatment: Punishment of Drug Users

in New York State Prisons (Excluidos del tratamiento: Castigos contra los usuarios de drogas en las cárceles del estado de Nueva York) observó la limitada disponibilidad de tratamiento basado en la evidencia para el número considerable de presos en Nueva York, cuya necesidad de tratamiento ha sido determinada por los funcionarios de prisiones. La terapia suplementada con medicinas como metadona o buprenorfina, que ha demostrado ser el tratamiento más eficaz para la dependencia a los opiáceos, no está disponible en la mayoría de las prisiones. Los presos que consumen drogas-incluyendo a los que recaen, un síntoma normal de la  drogodependencia-son sancionados con una dureza desproporcionada, y se enfrentan a meses, incluso años, de reclusión en duras condiciones que suelen constituir una pena cruel e inhumana.