Los derechos de las mujeres y las niñasEn su primer año en el cargo, el presidente Obama demostró su intención de hacer hincapié en los derechos de la mujer en la política interior y exterior. Creó el Consejo de la Casa Blanca sobre Mujeres y Niñas, un organismo de coordinación compuesto por miembros del gabinete, y estableció una embajada especial para asuntos globales de la mujer. El Presidente anuló también la Regla de Mordaza Global, que había restringido las expresiones y las actividades relacionadas con el aborto entre los beneficiarios de asistencia de Estados Unidos para la salud reproductiva, relajó las restricciones problemáticas del financiamiento estadounidense para lucha contra el VIH/SIDA, reanudó las contribuciones al Fondo de Población de las Naciones Unidas, y promovió la creación de un alto puesto en la ONU para examinar la manera en que los conflictos armados afectan a las mujeres.
La discriminación por embarazo sigue limitando la condición de la mujer en la fuerza laboral de Estados Unidos. Estados Unidos es el único de un puñado de países que no garantizan licencia familiar pagada, y las quejas por discriminación relacionada con el embarazo han aumentado considerablemente en los últimos años. Una sentencia de 2009 de la Corte Suprema limitó los remedios por la discriminación cometida en el pasado, pero la Ley Lilly Ledbetter de Justo Pago eliminó algunos obstáculos para el pago de indemnizaciones legales por discriminación.
Cada día, no se atienden miles de peticiones de refugio y servicios básicos para supervivientes de la violencia doméstica en Estados Unidos, una situación agravada por la crisis económica. Los albergues señalaron la necesidad creciente de servicios en 2009, a pesar de que los programas esenciales seguían sin contar con fondos suficientes, habían disminuido las donaciones privadas y las crisis presupuestarias estatales y locales ponían en peligro el financiamiento existente, y algunos albergues se habían visto forzados a cerrar.
En cuanto a la salud de la mujer, las mujeres afroamericanas sufren una tasa muy desproporcionada de contagio y muerte por VIH/SIDA, ya que esta enfermedad es la causa principal de las muertes de mujeres afroamericanas de entre 25 y 34 años. Los derechos reproductivos de todas las mujeres siguen siendo objeto de ataque, y los proveedores de abortos sufren las regulaciones innecesarias, el hostigamiento y la violencia física. El Dr. George Tiller, uno de los pocos proveedores de abortos en estado de gestación avanzada de Estados Unidos fue asesinado en mayo de 2009. Violencia sexualEn Estados Unidos, el delito de violación tiene una de las tasas más bajas de arresto, enjuiciamiento y condena entre los crímenes violentos graves. Cuando una víctima denuncia un ataque sexual, se le pide que se someta a un examen físico de cuatro a seis horas para recopilar pruebas de ADN que, una vez analizadas, pueden ayudar en la investigación criminal. El informe de Human Rights Watch de marzo de 2009 Testing Justice: The Rape Kit Backlog in Los Angeles City and County (Análisis de la justicia: El retraso en los análisis de estuches de violación en la ciudad y el condado de Los Ángeles) observó que, sólo en el Condado de Los Ángeles, había más de 12,500 estuches sin analizar en los centros de almacenamiento de la policía. Tras la publicación del informe, los Departamentos de Policía y del Sheriff de Los Ángeles instauraron una política de análisis de todos los estuches registrados, y aseguraron recursos para contratar a más personal para los laboratorios criminológicos. Las nuevas informaciones sobre 10,000 estuches de violación sin analizar en Detroit y 4,000 en Houston subrayan el alcance nacional del problema, pero sigue siendo difícil determinar las cifras totales de estuches sin analizar porque ninguna agencia estatal o federal hace un seguimiento de esta información.
Los derechos del niñoCientos de miles de niños trabajan en campos agrícolas de Estados Unidos y, sin embargo, no disfrutan de las protecciones legales que tienen todos los menores trabajadores de Estados Unidos. La Ley de Normas Laborales Justas de 1938 exime específicamente a los jóvenes trabajadores agrícolas de los requisitos de edad mínima y horario máximo, lo que hace que puedan trabajar desde más jóvenes, durante más horas y en condiciones más peligrosas que los niños empleados en otros trabajos. Las protecciones federales existentes no se aplican con frecuencia y las leyes estatales sobre trabajo infantil varían en su firmeza y aplicación. Como consecuencia, los niños trabajadores agrícolas, la mayoría de los cuales son latinos, suelen trabajar durante 12 a 14 horas al día, y están expuestos al envenenamiento por pesticidas, enfermedades provocadas por el calor, lesiones y discapacidades permanentes. Muchos abandonan la escuela; y las niñas son víctimas a veces de acoso sexual.
Según el Departamento de Educación de Estados Unidos, más de 200,000 alumnos de escuelas públicas recibieron castigos corporales al menos una vez durante el año escolar 2006-2007. El castigo corporal-que suele aplicarse mediante uno o más azotes en las nalgas con una pala de madera-es legal en las escuelas públicas de 20 estados. Ohio prohibió el castigo corporal en sus escuelas públicas en julio de 2009. En agosto de 2009, el informe de Human Rights Watch, Impairing Education: Corporal Punishment of Students with Disabilities in US Public Schools (Educación perjudicial: Castigo corporal a estudiantes con discapacidad en escuelas públicas estadounidenses), observó que se sometía a castigos corporales con una frecuencia desproporcionada a los estudiantes con discapacidades psicológicas y físicas. Guantánamo, detención indefinida y comisiones militares
Cuando el presidente Obama asumió el cargo había 242 prisioneros en Guantánamo, de los cuales aproximadamente 50 habían sido puestos en libertad pero no podían ser enviados a sus países de origen por un temor creíble al maltrato. Aunque una serie de países europeos han aceptado acoger a un pequeño número de detenidos, la negativa del Gobierno de Estados Unidos de acoger a algunos de estos prisioneros ha obstaculizado los intentos de reasentamiento. En el momento de escribir este capítulo, sólo se había trasladado o puesto en libertad a 20 prisioneros de Guantánamo desde la toma de poder del presidente Obama.
La posibilidad de que el Gobierno continúe recluyendo indefinidamente a los presos sin juicio es aún más preocupante que los retrasos en el cierre de Guantánamo. Aunque parece que el Gobierno ha descartado la idea de pedir al Congreso que promulgue una legislación sobre la detención preventiva, ha seguido recurriendo al razonamiento de los tiempos guerra de la era Bush para justificar la detención indefinida sin juicio de sospechosos de terrorismo.
El Gobierno de Obama dio muestras positivas de que ofrecería juicios justos a los sospechosos de terrorismo cuando anunció los autos de procesamiento federales contra dos hombres detenidos anteriormente sin cargos como "combatientes enemigos". Sin embargo, en mayo, el presidente Obama anunció que planeaba revivir el sistema de comisiones militares para juzgar a los prisioneros de Guantánamo. En colaboración con el Congreso, el Gobierno firmó leyes que ofrecen mayores protecciones a los sospechosos juzgados en dichas comisiones, lo que incluye la prohibición de las pruebas obtenidas mediante coacción y la aplicación más estricta de las reglas sobre la invalidación del testimonio oral. No obstante, las comisiones siguen siendo un sistema de justicia por debajo de la norma que carece de legitimidad; y la continuación de uso producirá litigios innecesarios, retrasos y juicios deficientes. Responsabilidad por abusos cometidos en el pasadoAunque las pruebas demuestran abrumadoramente que los altos funcionarios del gobierno de Bush aprobaron los métodos de interrogatorio brutales e ilegales, el gobierno de Obama demostró muy poco entusiasmo por iniciar una investigación exhaustiva de estos abusos. Un avance importante fue la decisión del fiscal general Eric Holder de nombrar a un fiscal federal encargado de investigar las prácticas de interrogatorio posteriores al 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, todo indica que la investigación se limitó considerablemente y es improbable que examine la responsabilidad de los altos funcionarios que establecieron las políticas y autorizaron los abusos.
SecretoEl gobierno de Obama ha hecho una interpretación demasiado amplia de la protección de los "secretos de Estado", argumentando que se deben desestimar las causas judiciales relacionadas con el programa de detención y entregas secretas de Estados Unidos, así como las demandas presentadas por víctimas de tortura y vigilancia ilegal, porque podrían divulgar información clasificada. Aunque enseñó varios memorandos importantes relacionados con los interrogatorios durante la era Bush, el Gobierno retractó su compromiso de hacer públicas las fotos que muestran el abuso a los detenidos, alegando que hacerlo podría poner en peligro a las tropas estadounidenses en el extranjero.
Actores internacionales claveEn su informe de mayo de 2009, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias instó a Estados Unidos a que mejore las garantías procesales en su aplicación de la pena de muerte, y concluyó que las deficiencias del sistema actual aumentan la posibilidad de que se ejecute a personas inocentes.
En noviembre, un tribunal de Milán halló a 23 estadounidenses, entre ellos 22 presuntos agentes de la CIA, culpables del secuestro de un clérigo egipcio en 2003. Esta sentencia histórica supuso la primera vez que un tribunal examinaba la legalidad del programa de entregas de la CIA. En marzo, se interpuso una querella criminal en España contra de seis abogados considerados responsables de formular las justificaciones legales de los abusos cometidos durante la era Bush. |
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