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Este texto está basado en las investigaciones realizadas por el Consejo Nacional de la Mujer de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Consejo creado en el año 2007 y conformado por diez mujeres indígenas representantes de las regiones. Es una instancia consultiva en diferentes temas: mujer y territorio, mujer y derechos humanos, mujer y salud, mujer y planes de vida. Forma parte del Consejo Nacional de la ONIC, organización integrante de la CAOI. El contexto
En Colombia habitan 1.378.884 personas indígenas, pertenecientes a 102 pueblos ubicados en su gran mayoría en áreas rurales. El 49,6% de la población indígena son mujeres y el 50,4% hombres. Las mujeres transmiten la lengua, reproducen la cultura. Como comadronas, consejeras, guías espirituales, mujeres médicas, ellas propician la permanencia de los conocimientos y tradiciones de los pueblos indígenas. Y cumplen un rol fundamental en el ciclo de seguridad alimentaria de las comunidades, con las mingas, la recolección, la siembra y la preparación de alimentos. La Corte Constitucional de Colombia señala que hay en ese país 34 pueblos indígenas en peligro de desaparición física y cultural. Específicamente son 32 pueblos con una población menor a 500 habitantes, los mismos que viven los horrores desmedidos de la guerra y la imposición de modelos de desarrollo ajenos a su cultura y que vulneran sus derechos. En este contexto, la violencia sexual se comete con el fin de intimidar, controlar, fraccionar, “castigar” a los pueblos y comunidades, y a las y los líderes de las organizaciones indígenas, pero forma parte, además, de la estrategia de control militar sobre el territorio.
“En el resguardo de Tacueyó en el Municipio de Toribío, dos mujeres indígenas fueron abordadas por dos soldados, quienes les preguntaron si habían visto pasar a una mujer con un tatuaje. Las mujeres que no sabían lo que era un tatuaje, le respondieron que no habían visto nada, que no sabían que era eso de los tatuajes. Luego de esta respuesta los soldados obligaron a las mujeres a desnudarse, bajo el pretexto de la búsqueda del tatuaje, y procedieron a tocarles los senos. Estando en esta acción, llegaron dos sobrinas de las señoras, de 13 y 14 años de edad, quienes fueron víctimas del mismo proceder por parte de los soldados.” Testimonio Mujer Indígena de Tacueyó
Más grave aun: la ONIC ha registrado casos que dan cuenta de ejecuciones extrajudiciales acompañadas de violencia sexual contra mujeres. Uno de ellos ocurrió en mayo del 2003, en el departamento de Arauca, en las Veredas del resguardo Betoyes. Allí miembros del Ejercito que portaban brazaletes distintivos de las AUC violaron a cuatro jóvenes de 11, 12, 15 y 16 años de edad, entre ellas a Maribel Fernández, de dieciséis años, y a Omaira Fernández, quien estaba embarazada. “El pueblo Guahíbo tuvo que ver horrorizado cómo los "supuestos" paramilitares le abrían el vientre a la joven, le extraían el feto, lo trozaban, introducían sus partes en una bolsa plástica y la arrojaban al río junto a la madre”. Impunidad “La posesión de nuestros cuerpos como botín de guerra por parte de los distintos actores armados, es una táctica premeditada que se utiliza dentro de nuestros territorios. Actos de violencia que en repetidas ocasiones quedan ocultos bajo el silencio de las mujeres, por distintos motivos, como el temor de enfrentarnos al victimario cuando éste abusa del terror que causan las armas”.
Informe Misión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas en el Departamento del Cauca. 2005.
La utilización del cuerpo de las mujeres, jóvenes y niñas indígenas se materializa en agresiones sexuales, esclavitud y explotación sexual, prostitución, embarazos y abortos no deseados. Estas agresiones producen un efecto devastador, en muchos casos irreparable, como el contagio de infecciones de transmisión sexual, traumas psicológicos, rechazo y estigmatización social por las comunidades y familias de las afectadas, entre otros. Las mujeres indígenas víctimas de estas agresiones sexuales por parte de los diferentes actores del conflicto armado, en su mayoría no denuncian los actos de agresión, o si lo declaran, esta información no sale de la comunidad indígena, en muchos casos porque “factores culturales tales como la vergüenza, aislamiento y estigmatización sociales generados sobre una mujer por el hecho de haber sido víctima de violencia sexual, las llevan a ellas, e incluso a sus propias familias y comunidades, a abstenerse de denunciar lo ocurrido para no violentar lo que se percibe como el ‘honor’ de la afectada o de sus parientes”
Complicidad del Estado
Los graves casos de violencia sexual contra mujeres indígenas en Colombia constatan las graves fallas en el cumplimiento de la orden dada por la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008 al Fiscal General de la Nación: “Adoptar a la mayor brevedad las medidas a las que haya lugar con el fin de que las investigaciones que estén pendientes avancen aceleradamente, y que se inicien los procedimientos investigativos de imperativo desarrollo respecto a los hechos que aún no han sido objeto de atención por parte de la justicia penal ordinaria (…)”. También contribuye a la impunidad el racismo contra mujeres indígenas por parte de los funcionarios encargados de atender los casos. Esta situación demanda de forma urgente que las entidades encargadas de la atención a mujeres víctimas de violencia sexual cuenten con un enfoque de atención diferencial, que hasta el momento es inexistente. Así lo reconoció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha manifestado su profunda preocupación por la mirada homogénea de las políticas públicas colombianas hacia las mujeres que son afectadas particularmente por el desplazamiento y la violencia sexual. En mayo de 2009, la ONIC presentó un derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación solicitando información sobre el estado de las investigaciones de los delitos de violencia sexual en las que las víctimas son mujeres indígenas, sustentando esta acción en el Auto 092 de la Corte Constitucional. La Fiscalía respondió con un cuadro que reportaba sobre apenas siete casos de violencia sexual, indicando que todos estaban en “investigación preliminar”. Es decir, un año después de que fuera emitida la orden de la Corte Constitucional, se seguía eludiendo responsabilidades bajo el argumento de que faltaban pruebas mínimas para llevar a cabo una investigación de los hechos. El Estado desconoce que los patrones culturales en las comunidades indígenas cohíben las denuncias de las mujeres. |
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Propuestas
Las mujeres indígenas colombianas, organizadas en el Consejo Nacional de la Mujer de la ONIC, no se quedan en la denuncia: tienen propuestas concretas para enfrentar la violencia sexual y las vulneraciones a sus derechos humanos y colectivos en general:
¦ Exigir al Estado de Colombia el acatamiento y cumplimiento de las recomendaciones emitidas por diferentes instancias del sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la CIDH. ¦ Respuesta inmediata a comunicados y denuncias por hechos de hostigamiento, amenazas y violación a derechos humanos en las comunidades indígenas. ¦ Realizar las investigaciones, castigo y encarcelamiento de los perpetradores de violaciones de derechos humanos, en especial a quienes han atacado a la niñez y las mujeres indígenas. ¦ Exigir la desmilitarización de los territorios indígenas y la salida de todos los grupos armados, así como el desmantelamiento de las estructuras paramilitares que siguen operando en territorios indígenas, a pesar del discurso oficial de una pacificación del país. ¦ El establecimiento de programas concertados adecuadamente de atención a las mujeres y niñas que han sido agredidas sexualmente y con otras formas de violencia, que proporcionen una reparación integral, comenzando por el respeto a nuestras autoridades, gobierno y formas tradicionales de vida. ¦ Garantizar el retorno de las comunidades indígenas desplazadas con todas las garantías de seguridad y dignidad, porque en el territorio es donde se puede pervivir. ¦ La devolución de todas las niñas, niños y jóvenes que han sido reclutados por las organizaciones guerrilleras, paramilitares y cesar su utilización por parte de las unidades de la Fuerza Pública. ¦ El establecimiento de programas para terminar con las minas antipersonal que han sido sembradas en todo el territorio, así como el desmantelamiento de artefactos explosivos, trincheras y barricadas que han quedado abandonados luego de combates en zonas urbanas y rurales o han sido colocadas por la Fuerza Pública en su lucha contrainsurgente. ¦ El cese inmediato de las fumigaciones con químicos a cultivos de uso ilícito y de alimentos que hacen parte de las políticas antidrogas, porque causan daños en la salud, en la naturaleza y son factor de desplazamiento. ¦ La concertación e implementación de programas y políticas publicas reales de formación, educación atención especializada para las mujeres indígenas, que permitan el ejercicio de sus derechos. ¦ La atención y acompañamiento de organizaciones internacionales y nacionales dirigidas a resolver los problemas de las mujeres indígenas, dentro de los Planes de Vida, respetando y promoviendo los principios de consulta previa y fortaleciendo las organizaciones propias de los pueblos indígenas. ¦ La garantía del pleno goce y realización de los derechos de los Pueblos Indígenas, garantizados los que existen en la Constitución y los tratados internacionales. ¦ El respeto a los territorios, gobiernos, autoridades, la autonomía de los Pueblos Indígenas. ¦ El trabajo y coordinación de la justicia propia y la justica ordinaria para asegurar que no queden impunes los casos de violación de derechos a las mujeres. Febrero 16 de 2012. Comunicaciones CAOI http://www.facebook.com/note.php?note_id=362281390456289
Llamamiento urgente por el Cauca en Colombia: ¡Paremos la masacre!
Quienes suscribimos, organizaciones de Pueblos Indígenas del continente; Medios de comunicaciones sociales de los Pueblos, comunicadores indígenas, defensores de Derechos Humanos, nos pronunciamos ante los crímenes de lesa humanidad que vienen ocurriendo en el territorio del Cauca en Colombia en medio de lo que se ha llamado el conflicto armado donde las principales víctimas es población indígena y entre ellos, niños, mujeres, dirigentes y comunicadores indígenas, siendo el responsable principal de estos gravísimos hechos el estado colombiano. En este contexto, con mucho dolor y a la vez indignación nos hemos enterado de nuevas víctimas y situaciones de enorme preocupación y que debe poner en alerta y acción inmediata a todos los organismos de Derechos Humanos, defensores, organizaciones solidarias y democráticas. Entre algunos de los hechos ocurridos y que mencionamos son:
› El día 7 de febrero, 2012, tres niños indígenas Nasa resultaron gravemente heridos en el baño de la institución Educativa Bachillerato Técnico Agrícola de Jambaló, Cauca, por manipular un artefacto explosivo que se encontraron en las inmediaciones, esto, en el marco del conflicto armado donde vienen ocurriendo sistemáticamente crímenes de lesa humanidad. Los nombres de los menores heridos son: Eybar Yair Pacho, Tiberio Dagua Quitumbo y Jean Carlos Cuetia Fernandez, de 12 años y cursan en el grado sexto. › El día viernes 03 de febrero de 2012, un grupo de 9 personas entre menores, jóvenes y adultos se dirigieron hacia la parte alta del municipio de Florida - Valle; a las lagunas de San Rafael en la jurisdicción del Cabildo Central de Asentamientos Indígenas kwe’sx Yu’ Kiwe. Un sitio sagrado donde las comunidades comúnmente pescan y comparten con la madre tierra. Después de permanecer el sábado 4 de febrero, el día domingo 5 personas decidieron regresar hacia la vereda Altamira, su comunidad de origen. El resto de grupo retornaría más tarde. Cuando el primer grupo regresaba a casa, a eso de las 8:15 a.m. en un sector montañoso el menor Edward Ipia Quitumbo pisó por una caída una mina antipersonal, escuchándose en seguida una fuerte explosión. El estallido arrojó fuera del camino a su hermano Elkin Ipia, de 17 años, al igual que a Juan Pablo y Belisario Ipia Medina, quienes resultaron lesionados. A Edward, la explosión le amputo sus pies y una mano al instante, 3 horas después de tan deplorable suceso, falleció. › Tres comuneros indígenas heridos por balas en combate entre el ejército y la llamada guerrilla de las Farc el día 27 de enero de 2012, en los Resguardos Indígenas de Miranda y Corinto – Cauca. Según se señaló, después de un enfrentamiento, a las 5 pm, en zona rural, límites del municipio de Corinto y Miranda en el Cauca, tres civiles resultaron heridos por balas “perdidas”. Los jóvenes EDINZON TROCHEZ de 28 años de edad y el menor SAUL SILVA MOSQUERA de 8 años de las veredas La Cilia y la Calera, se encontraban laborando en su huerta y cuando estaban de regreso a sus casas respectivas fue cuando fueron heridos por impactos de las balas, estas personas fueron trasladas al hospital de Miranda -Cauca y horas después fueron dados de alta. › El día 21 de enero 2012, según denunció La Asociación De Cabildos Indígenas Del Norte Del Cauca, Acin – Cxhab Wala Kiwe, señaló los hechos de violencia cometidos contra comuneros y comuneras pertenecientes al Cabildo de Toribio y San Francisco que laboran en la finca Corcovado, ubicado a escasos 10 minutos de la cabecera municipal de Santander de Quilichao Cauca, con retenciones, violencia, robo de ganado, y siendo encerrados, incluyendo un bebé de 9 meses. La acción fue perpetuada por 4 sujetos fuertemente armados, quienes se identificaron como “milicianos de las Farc”. Para los comuneros la acción obedece a una clara intención de amedrentar a los indígenas que ocupan y laboran los predios adquiridos en la zona y que han sido reiterativas en predios aledaños. › El día 12 de enero 2012, Milciades Trochez Conda de 39 años de edad, miembro activo de la Guardia Indígena, mientras se dirigía de su resguardo a la ciudad de Santander de Quilichao, en compañía de otro comunero, a las 11:20 de la mañana, fue acribillado de manera vil y cobarde. Estas dos personas se dirigían en el vehículo de la víctima, cuando en inmediaciones del corregimiento El Palo (municipio de Caloto), al frente de la institución educativa del mismo nombre y a menos de 7 kilómetros de la base militar ubicada en la vía central que de Caloto conduce a Corinto, se produjo este lamentable hecho. Según versiones de testigos presenciales, unos sujetos que se movilizaban en dos motocicletas, se acercaron por el lado del conductor y sin mediar palabra y sin pedirle que detuviera el vehículo le propinaron los primeros tiros, dicen los testigos que éstos se escucharon como en una especie de estruendo ya que al parecer fue una ráfaga, cuando el compañero Milciades malherido intenta salir del vehículo, cae en el suelo boca abajo y ahí es rematado con evidente sevicia. En total le fueron propinados 10 tiros de los cuales 8 tiros le impactan la cabeza y 2 en la espalda. › En septiembre del 2011, se registró un nuevo asesinato de una niña en el Cauca. Se trata de Maryi Vanesa Coicué, una niña de 11 años quien soñaba con ser lidereza y servir a su comunidad, quien se encontraba en su casa junto a su familia al momento que cayó una bomba el 16 de septiembre lanzada por gente criminal e irracional, resultando además por dicha acción bélica 5 personas heridas. Ver Video: http://www.youtube.com/watch?v=gqI-KeJ869Y
› También nos hemos enterado de otras situaciones graves de masacres y asesinatos, como el de los niños y jóvenes bombardeados por la fuerza pública el 26 de Marzo del 2011 en la vereda Gargantillas del Resguardo de Tacueyó; O el caso de Zuleima Coicué, una joven y humilde mujer a quien los llamados milicianos de las FARC le segaron brutalmente la vida arrebatándole el derecho de criar a su pequeño hijo. Y también el inhumano ataque a la población de Toribío donde nuevamente quedó en evidencia la crueldad de los agentes de la muerte; O la de Luis Carlos Mestizo, asesinado en Santander de Quilichao hace algún tiempo, en uno de los municipios del Cauca más militarizados, según se ha denunciado. › Amenazas de muerte y asesinatos de Comunicadores Indígenas: En estos últimos años han asesinado a varios comunicadores indígenas y en este ambiente, uno de los últimos hechos de enorme preocupación son amenazas de muerte. A continuación, se da cuenta de situaciones graves con orden cronológico. › Agosto 15 del 2008: Paramilitares amenazan a Gobernadores indígenas de la zona occidente y Alfredo Campo, director de la Emisora Nuestra Voz Estéreo y una semana después repiten la amenaza contra el consejero CRIC, Algelmiro Valencia. Alfredo Campo, le tocó salir de su territorio. › Diciembre del 2008: Desconocidos dejan panfleto en la puerta de la Emisora Uswal Nasayuwe Estero de Caldono, en el cual declaran objetivo militar a la Emisora y exigen la salida inmediata del territorio a los comunicadores indígenas Griseldino Yafué, Lucio Guetio, Ernesto Bototo, Rubiel Lis y José Vicente Otero. › El 7 de febrero de 2009, siendo cerca de las 3:00 pm llegaron dos hombres en una motocicleta a la casa de Gustavo Adolfo Ulcué, quién maneja todo lo técnico de la página web de la ACIN. Preguntaron por Gustavo y cuando el hermano abrió la puerta, enseguida los hombres lo encañonaron y se entraron a la casa. |
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Manifestación en Cauca. Indígenas colombianos |