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"No es de sorprender que en sociedades donde las élites sociales, económicas y políticas, igual que una proporción grande de las clases medias (incluyendo las comunidades académicas) tienden a no ser indígenas, el sugerir que la pertenencia étnica y la justicia étnica (i.e la disminución de inequidades entre los grupos)  provocan ansiedades profundas. En general, las personas no indígenas interesadas profundamente en analizar cuestiones de pobreza y desigualdades (de las que hay muchas) han tendido a centrarse en la justicia social (i.e. inequidades verticales), evitando, por completo, el tema de la etnicidad." ⁶ Traducción libre de las autoras.

3. El ejemplo bolivariano⁷

 

El caso de Bolivia sirve de manera ejemplar para mostrar la ausencia respectiva del incumplimiento de la pretendida integración social en América Latina en el marco de la globalización. Este país andino, a partir de 1985, realizó una radical liberalización económica teniendo como consecuencia la privatización de casi todo el sector público.

 

Con cifras de crecimiento del PIB de un promedio de 4% anuales en los años 90 el desarrollo económico no ha contribuido de manera esencial a la disminución de la pobreza y la recesión a partir de finales de los años 90 e inicios del año 2000, ha agravado la situación social. Esto ha contribuido a que Bolivia sea hasta el día de hoy uno de los países más pobres de América Latina, ocupa el lugar 117 de 177 países en el Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2007) manifestando una exclusión de la mayoría indígena de la población boliviana.

 

En el censo de 2001, el 62,5% de los mayores de 15 años se identificaron como pertenecientes a un pueblo indígena (García Linera, 2005). Dentro de la población indígena, los grupos quechua (30%) y los grupos aymará (25%) constituyen las etnias más grandes, mientras que las 34 etnias de las tierras bajas forman alrededor del 7% de la población boliviana (ibíd.:5) 8. Hoy en día, después del agotamiento de las políticas neoliberales, el gobierno de Evo Morales intenta abrir una senda más allá de los imperativos del mercado y la desregularización, reivindicando un mayor compromiso del Estado en sus funciones y en su papel de intervención en la vida social.

 

3.1 Pobreza según ingresos

 

El porcentaje de pobreza desde la perspectiva del ingreso ha disminuido desde 2002 hasta la fecha y se encuentra, según datos provisionales para 2006 del organismo del gobierno federal UDAPE (Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales), en un 59,9% y el de la población que vive en condiciones de pobreza extrema en 37,7%. El coeficiente de Gini bajó, en el mismo año, a 0,59, valor levemente inferior al de los años anteriores pero que no descarta que Bolivia siga siendo uno de los países más desiguales de la región (UDAPE, 2007)9.

A pesar del declive en las cifras de la pobreza, la extensión de la misma, según el ingreso, sigue siendo extremadamente alta. En 2002, el 73,9% de la población indígena era pobre y el 52,5% vivía en condiciones de pobreza extrema.

 

Según un estudio publicado por el Banco Mundial en 2004, el hecho de que las cifras de pobreza bajaran entre 1997 y 2002 se debe al aumento de ingresos de la población no-indígena. Es decir, la pobreza de la población no-indígena se redujo en un 8% mientras que la reducción de la pobreza por ingreso de la población indígena fue menor que 0,1% (Hall, Patrinos, 2004:4).

 

Este perjuicio étnico tan evidente no está confirmado por los estudios cronológicos recientes del think-tank gubernamental UDAPE. Según éste, la pobreza ha disminuido entre 1999 y 2006 tanto dentro de la población no-indígena como dentro de la población indígena. Sin embargo, datos actuales, aunque provisionales, indican que la cifra de población boliviana viviendo en situación de pobreza ha disminuido para el 2006 a un total de 59,9% y la pobreza extrema equivaldría a un 37,7%. Si este promedio nacional es analizado bajo criterios étnicos, el 69,3% de la población indígena y el 46% de la población no-indígena se vieron afectados por la pobreza. Al mismo tiempo, el 48,8% de la población indígena y el 21,3% de la población no-indígena vivieron bajo condiciones de pobreza extrema (UDAPE, 2007).

 

Esta brecha entre la realidad de las circunstancias de vida de la población indígena y no-indígena también se muestra en los datos de desnutrición. Mientras que el 13,3% de la población indígena padece de malnutrición, únicamente el 5,7% no-indígena se ve afectado por ella. Si se analizan las expresiones crónicas de desnutrición, vemos un 43,5% de indígenas afectados a diferencia de un 21,4% de la población no-indígena (CEPAL/PMA, 2005: 84).

 

Estos perjuicios se potencian debido a las limitaciones en el acceso de los grupos de población indígena a posibilidades de educación y formación profesional, así como a la escasa prestación de servicios de salud e infraestructura (electricidad, suministro de agua potable y acceso a la canalización, construcción de vías de comunicación, etc.). A ello han de sumarse discriminaciones masivas en el mercado laboral formal, así como la falta de posibilidades productivas en las zonas rurales (Valenzuela Fernández, 2004:7 y s.). A continuación ilustraremos estas afirmaciones a modo de ejemplos.

 

3.2 Mercado laboral formal y declive de ingresos

 

La distribución altamente desigual de los ingresos se incrementó entre 1998 y 2003 en desmedro de los grupos de menor ingreso (Minkner, Bünjer, 2004:98 y 10). En el año 2002 el 40% de la población, equivalente a los dos quintiles más pobres, accedía al 9,5% de los ingresos totales, mientras que el 10% de los más ricos contaba con el 41% de los ingresos nacionales (CEPAL/PMA, 2004:8). Valenzuela Fernández (2004:21) resalta en este contexto el declive de ingresos según la pertenencia étnica; a partir de sus observaciones, una persona de un grupo étnico indígena recibe casi cuatro veces menos que una no-indígena por actividades similares en el ámbito urbano y menos de la mitad en zonas rurales. Esta discriminación de grupos indígenas se refleja también en el modo y la calidad de las relaciones de empleo. En los puestos de trabajo, especialmente mal remunerados y en los trabajos precarios, la fuerza laboral está constituida en un 67% por indígenas. Ya en el ámbito de los trabajos con poca calificación esta relación se reduce a un 28% y únicamente el 4% de las y los trabajadores indígenas ejercen un trabajo que requiere de una calificación alta (Jiménez Zamora. 2000: s.p. en: Valenzuela Fernández, 2004:21). Hasta el día de hoy no existen datos comparables en espacio y tiempo en razón a la discriminación femenina y a la doble discriminación: ser mujer e indígena. Basándose en estudios nacionales, Espinoza Revollo (2006:7 y s.) menciona la falta total de mujeres en el quintil superior de ingresos. Igualmente, Valenzuela Fernández (2004:21) hace alusión a este punto -si bien es cierto, de forma indirecta- con la siguiente aserción:

 

"Los migrantes no indígenas ganan tres veces más que los migrantes indígenas, en tanto que los indígenas en general, reciben solo el 30% del salario de los trabajadores no indígenas por cumplir el mismo trabajo. Por su parte las mujeres no indígenas, reciben el 60% del salario de un trabajador varón no indígena."

 

El desarrollo de la producción en el Estado andino equivale a una pirámide puesta de cabeza (Espinoza Revollo2006:5). La base está constituida por una gran cantidad de microempresas (empresas familiares, minifundistas, campesinas y empresas con menos de 5 empleados) que conjuntamente forman el 83% de todos los puestos de trabajo y sólo facturan el 7% del producto interno bruto. Las grandes empresas, por su parte, que únicamente crean el 7% de los puestos formales de trabajo producen el 65% del ingreso nacional (Ibíd.). Las Encuestas Continuas de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas concluyeron que la cifra de empresas informales llegaba en diciembre de 2005 a nivel nacional al 70,7% (La Razón del 27 de enero de 2008).

3.3 La función del cambio social

La tendencia globalmente perceptible de una urbanización cada vez más rápida se traduce en el caso boliviano en las siguientes cifras: en 2001, el 77,2% de la población no-indígena y el 53,4% de la población indígena residían en espacios urbanos (CEPAL, 2006:168 y ss.). Es decir, gran parte de los grupos indígenas se concentran en las ciudades y sus periferias (Albó, 2004:6; CEPAL, 2006:169).

 

Varias investigaciones han comprobado que la migración interna afecta a gran parte de la población boliviana constatando que los segmentos más ricos y los más pobres muestran las menores tasas de migración (PNUD, 2005:263).

 

El proceso de urbanización aporta a la disminución de la desigualdad horizontal y al aumento de la movilidad social vertical mediante la mejoría del acceso a la educación para los grupos de población tradicionalmente excluidos, así como el acceso parcialmente mejorado de éstos a la infraestructura básica y a los servicios de salud pública. La integración de mujeres en el mercado laboral también ha aumentado significativamente, aunque es cierto que tal efecto se traduce primordialmente en relaciones laborales precarias y mal remuneradas en el sector de servicios personales, así como en el sector informal (destacando el pequeño comercio autónomo). De cualquier manera, esta movilidad social vertical contiene barreras tanto étnicas como de género. Estas son denominadas como "techo de vidrio", pues constituyen barreras invisibles o al menos barreras o mecanismos de exclusión informales. Con ello se describe, más bien, el fenómeno empírico que en los dos segmentos de ingresos altos y supremos apenas se encuentran indígenas o incluso mujeres indígenas (Espinoza Revollo, 2006:7 y s.; PNUD, 2005:59 y s.).

 

3.4. Educación

El fomento del sector educativo es fundamental para la superación de la pobreza y la desigualdad social a largo plazo, pero también en razón al apoyo de actividades participativas, auto-organización y a la representación activa o articulación de los intereses propios (vid. Ernst, 2006:43; IIG, 2004:21; PNUD, 2004:2).

 

Mediante la reforma educativa como parte del paquete de reformas impuesto durante el primer mandato/gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997), el Estado dio un primer paso en dirección a una formación escolar bilingüe e intercultural, produciendo así un alivio en la discriminación étnica en el sector de la educación boliviana. Esta reforma educativa no puede ser desligada de la Ley de Participación Popular (1994) que estableció la transferencia de competencias legislativas centralistas a los municipios, concediéndoles capacidad decisoria en partes esenciales de la educación primaria. Entre éstas, cabe mencionar la supervisión del personal docente y el diseño de los planes educativos y curriculares. La finalidad de la reforma fue elevar la formación escolar rural desde perspectivas cualitativas y cuantitativas, así como la modernización del sistema educativo vigente y una mayor promoción del capital humano. Además, la reforma incorporó demandas longevas de los grupos de interés indígenas (vid. Ströbele-Gregor, 1997:129 y s.).

De esta forma, la cuota de inserción escolar o la duración de la asistencia escolar pudieron ser elevadas y se redujo la tasa de analfabetismo. Pero, a pesar de estos avances logrados desde 1994 en el ámbito de la educación, los perjuicios basados en el aspecto de género sólo se redujeron de forma marginal (vid. PADEM, 2002:21 y s.; Pagés, 2004). Evaluaciones estandarizadas demuestran que en el sistema educativo boliviano otros problemas siguen siendo las falencias cualitativas y las diferencias abismales entre escuelas públicas y privadas (IIG, 2004:,21).

Apesar de que la educación es obligatoria para niños y niñas entre 6 y 14 años y la educación primaria es gratuita, la tasa de analfabetismo nacional se ubica en un 13,3% (aproximadamente 1.200.000 personas) de acuerdo al censo de 2001. Cifras del INE confirman además la persistencia de un declive ciudad-campo. La tasa de analfabetismo urbano alcanzaba el 5,3% en 2004, mientras que en las regiones promediaba el 33,7% (La Razón, 16.12.2004). Diferenciando según criterios étnicos, en el ámbito rural el 25,1% de la población indígena y el 14% de la población no-indígena carecían de formación escolar alguna en 2001. En el contexto urbano, en cambio, el 15,1% de los indígenas y el 6,5% de la población no-indígena cumplían tal criterio (Valenzuela Fernández, 2004:23).