Información general

Página siguiente

Página anterior

Cuadro de texto: Las autoridades de Zimbabwe deben detener los desalojos previstos en un asentamiento informal de las afueras de Harare de donde podrían ser expulsadas hasta 20.000 personas por no pagar el precio prohibitivamente alto fijado por las autoridades para la renovación de los contratos de arrendamiento, ha manifestado Amnistía Internacional hoy. La mayoría de los habitantes del asentamiento de Hatcliffe Extension recibieron parcelas donde construir un nuevo hogar tras haber sido expulsadas por las autoridades de los lugares donde vivían en el marco del programa de desalojos forzosos llevado a cabo en el país en 2005. Alrededor de 700.000 personas perdieron su hogar, sus medios de vida o ambas cosas como consecuencia de la Operación Murambatsvina. "Los habitantes de Hatcliffe Extension figuran entre los miembros más pobres y marginados de la sociedad zimbabuense, y muchas familias no tienen medios para pagar la renovación del contrato de arrendamiento, especialmente si tienen que hacerlo en un solo pago”, ha señalado Michelle Kagari, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para África. "En vez de amenazar a personas vulnerables con su desalojo, el gobierno debe brindarles protección frente a la espiral de inseguridad y nuevos abusos, garantizándoles la seguridad de tenencia y un plan asequible de pago de los arrendamientos." Hatcliffe Extension es uno de los diversos asentamientos establecidos en el marco de la Operación Garikai, programa emprendido por el gobierno para reasentar a quienes perdieron su hogar en la Operación Murambatsvina. En realidad, sólo se reasentó a un pequeño número de personas. La mayoría tuvieron que recurrir al superpoblado stock de viviendas ya existente, mientras que otras fueron realojadas por la fuerza en zonas rurales por el gobierno. "La Operación Garikai no ha servido en absoluto para reparar las graves violaciones del derecho a una vivienda adecuada perpetradas en la Operación Murambatsvina”, ha explicado Michelle Kagari. Cinco años después de los desalojos forzosos masivos, la población de los asentamientos de la Operación Garikai sobrevive, en condiciones deplorables, en casuchas de plástico y sin acceso a servicios básicos esenciales. "El gobierno ha dejado totalmente abandonados a los habitantes de Hatcliffe. Así que resulta aún más vergonzoso que, en vez de tomar medidas para mejorar su situación actual, los amenace con planes que agravarán sin duda su sufrimiento y sus penurias”, ha manifestado Michelle Kagari. En junio, las autoridades colocaron en Hatcliffe Extension carteles donde se anunciaba que todos los arrendatarios tenían que pagar la renovación del contrato antes del 30 de septiembre. Si no lo hacían, perderían sus parcelas, que les serían asignadas a otras personas en espera de vivienda. No hubo ninguna consulta con los habitantes sobre el proceso de renovación y los precios fijados por las autoridades. Muchas de las 3.000 familias del asentamiento no tienen medios para pagar las cantidades, de hasta 140 dólares estadounidenses, fijadas por las autoridades. Además de destruir hogares, la Operación Murambatsvina acabó también con el sector del trabajo informal, privando a millares de personas de ingresos constantes. La tasa de desempleo de Zimbabue es de alrededor del 90 por ciento. Desde junio, los habitantes del asentamiento han hecho varios intentos de entablar un diálogo con las autoridades competentes, pero ha sido en vano. El problema del precio excesivo del arrendamiento no es exclusivo de Hatcliffe Extension. La amenaza de desalojo pesa también sobre los habitantes de otros asentamientos informales establecidos con arreglo a la Operación Garikai. Este mismo mes, la policía ha quemado chozas en un asentamiento informal del suburbio de Borrowdale de Harare, dejando sin hogar a más de 200 supervivientes de la Operación Murambatsvina. "El gobierno de Zimbabwe debe examinar y revisar la Operación Garikai en el marco de una auténtica consulta con los supervivientes de la Operación Murambatsvina para abordar las necesidades de vivienda de todos ellos”, ha afirmado Michelle Kagari. OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA “EXIGE DIGNIDAD” - Por medio de la campaña Exige Dignidad, emprendida en mayo de 2009, Amnistía Internacional está pidiendo a los gobiernos del mundo que tomen todas las medidas necesarias, incluida la aprobación de leyes y políticas acordes con el derecho internacional de los derechos humanos, para prohibir y prevenir los desalojos forzosos. - La campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional tiene por objeto poner fin a las violaciones de derechos humanos que generan y agravan la pobreza en el mundo. La campaña movilizará a personas de todo el mundo para exigir que los gobiernos, las grandes empresas y otras entidades con poder escuchen la voz de quienes viven en la pobreza y reconozcan y protejan sus derechos.

Llevo 20 años de mi vida en esta habitación diminuta en condiciones terribles […] Mi esposo y yo seguimos esperando y nadie nos ha dicho nada. Puede que no me queden muchos años de vida, pero quiero pasar por lo menos el resto de mi vida en condiciones decentes.

Izolda, de 69 años, residente de un centro colectivo de Tiflis

Tiflis.- Las autoridades georgianas deben hacer más que el mínimo indispensable para proporcionar una vivienda adecuada, empleo y acceso a la atención para la salud a las personas desplazadas por los conflictos de la década de 1990 y la guerra con Rusia de agosto de 2008, ha declarado Amnistía Internacional en un informe hecho público hoy.

El informe, titulado “In the waiting room: Internally displaced people in Georgia”, documenta la lucha de miles de personas desplazadas durante los conflictos para tener acceso a servicios básicos.

“Las personas desplazadas necesitan algo más que un techo. Necesitan que el Gobierno garantice empleo, acceso a la atención para la salud y prestaciones. También necesitan que se las consulte y poder tomar las decisiones que afectan a su vida”, ha declarado Nicola Duckworth, director del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

“Las personas desplazadas tienen derecho a regresar a su hogar con dignidad y sin riesgos. Sin embargo, el Gobierno tiene la obligación de reintegrar o reasentar en otras partes del país a quienes no pueden o no desean hacerlo.”

Cerca del 6 por ciento de la población de Georgia (unas 246.000 personas) son desplazadas internas. De ellas, alrededor de 220.000 abandonaron sus hogares durante los conflictos que afectaron al país a principios de la década de 1990.

Otras 128.000 personas huyeron de Osetia del Sur y del Kodori Gorge de Abjazia durante la guerra entre Georgia y Rusia de agosto de 2008 y posteriormente. La mayoría de ellas ha regresado a sus casas, pero todavía hay 26.000 personas que no pueden retornar y que no podrán hacerlo en un futuro próximo.

En 2007, el Gobierno de Georgia comenzó a elaborar y a implantar, con la ayuda internacional, programas destinados a proporcionar una vivienda duradera a las personas desplazadas.

Sin embargo, muchas de las personas que huyeron de sus hogares hace casi dos décadas siguen viviendo en hospitales o barracones militares, sin unas condiciones higiénicas básicas y sin privacidad. Algunos de los nuevos asentamientos están en zonas rurales que carecen de infraestructuras esenciales.

La ayuda del Gobierno no ha llegado aún a quienes viven con familiares o en apartamentos de alquiler. Muchos se quejan de que no se les ha consultado sobre medidas que afectan directamente a su vida.

“Todas las personas desplazadas siguen sufriendo las consecuencias de la guerra. Las personas desplazadas necesitan soluciones duraderas y con rapidez, para poder reanudar su vida”, ha afirmado Nicola Duckworth.

Las personas desplazadas sufren una tasa elevada de desempleo y sigue sin haber programas gubernamentales completos que aborden este problema.

La precariedad de las condiciones de vida y la pobreza debilitan la salud de estas personas, mientras la falta de información y los costes de los tratamientos médicos dificultan aún más su acceso a la atención para la salud.

“El Gobierno de Georgia ha adoptado medidas importantes, pero las soluciones relativas a la vivienda tienen que ir acompañadas de atención para la salud, empleo y oportunidades para encontrar medios de subsistencia. Este es el único modo de integrar plenamente a las decenas de miles de ciudadanos que siguen viviendo en el limbo”, concluyó Nicola Duckworth.

Como dijo a Amnistía Internacional Iza, desplazada que vive en un centro colectivo de Kutaisi:

Hace diecisiete años, cuando estalló la guerra, estudiaba lenguas extranjeras en la universidad estatal, pero nunca terminé. Ahora mi hijo está en la escuela secundaria, pero no tengo medios para pagar sus estudios universitarios. No puedo reconstruir mi futuro, quizá ya no tenga nunca más perspectivas de encontrar empleo, pero pido al Gobierno que por lo menos dé más perspectivas a mis hijos para que tengan un futuro mejor.

Zimbabue hasta 20.000 personas,
expuestas a desalojo forzoso

Noticia del 30/09/2010

Cuadro de texto: ACCIÓN URGENTE supervivientes de desalojos otra vez amenazados ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en inglés o en su propio idioma: Instando a los ministros a que paralicen todos los desalojos pendientes en Hatcliffe Extension y en otros asentamientos creados en la Operación Garikai, y expresando preocupación por el hecho de que los residentes que fueron realojados en la Operación Garikai, como solución para las pérdidas que habían sufrido durante los desalojos forzosos de 2005, estén de nuevo amenazados con el desalojo. Pidiendo a los ministros que garanticen la celebración de una verdadera consulta con las personas afectadas, a fin de ofrecerles seguridad de tenencia y arrendamientos asequibles (que puedan pagar a plazos), de modo que ninguna persona se quede sin hogar ni expuesta a sufrir otras violaciones de derechos humanos. Instando a los ministros a que garanticen públicamente que todas las personas supervivientes de la Operación Murambatsvina que fueron reasentadas en la Operación Garikai no sufrirán otro desalojo el 30 de septiembre ni después de esa fecha, aunque no hayan pagado la renovación de su contrato de arrendamiento con el Ministerio. ENVÍEN SUS CARTAS DURANTE NOVIEMBRE DE 2010 A: Ministro de Gobierno Local Minister of Local Government Hon Ignatius Chombo Ministry of Local Government, Rural and Urban Development P. O. Box CY7706 Causeway, Harare
Zimbabue Fax: +263 4 792307 Tratamiento: Señor Ministro Ministro de Vivienda Nacional y Servicios Sociales Minister of National Housing and Social Amenities Hon Giles Mutsekwa Ministry of National Housing and Social Amenities Private Bag 7780 Harare. Zimbabue Tratamiento: Señor Ministro Envíen también copia a la representación diplomática de Zimbabue acreditada en su país.

Georgia el Gobierno debe asegurar un
futuro para las personas desplazadas

Noticia del 5/08/2010