Durante decenios, se han venido descubriendo nuevos fármacos a partir de animales y de plantas exóticas. Hoy día, genes de especies y de subespecies raras son también útiles para producir nuevas especies, ya sea por ingeniería genética o por hibridación ordinaria. Los medicamentos, y ahora también las nuevas especies, se suelen patentar. Esto plantea un problema para los países en vías de desarrollo que podrían utilizarlos. Los monopolios de las patentes sobre variedades de animales y de plantas, de genes y de nuevos medicamentos amenazan con perjudicar a los países en vías de desarrollo de tres maneras.

En primer lugar, aumentando los precios de tal manera que la mayoría de los ciudadanos no tenga acceso a estos nuevos desarrollos; en segundo lugar, frenando la producción local cuando el propietario de la patente lo decide; en tercer lugar, en lo que concierne a las variedades agrícolas, prohibiendo a los agricultores la continuación de su cultivo como se ha venido haciendo durante miles de años.

Así como EE.UU. --un país en vías de desarrollo a principios del siglo XIX-- se negó a reconocer las patentes de Gran Bretaña --un país desarrollado--, los países en vías de desarrollo de hoy en día tienen que proteger los intereses de sus ciudadanos oponiéndose a estas patentes. Para evitar los problemas causados por los monopolios, no hagamos monopolios. ¿Hay algo más sencillo que esto? Pero para hacer esto los países en vías de desarrollo han de tener el apoyo de la opinión pública mundial. Esto implica enfrentarse a un punto de vista enérgicamente defendido por las empresas: el derecho de los accionistas de las empresas de biotecnología de arrogarse monopolios sin preocuparse por las consecuencias que estos tienen para los demás. Esto implica oponerse a los tratados que EE.UU., persuadido por estas empresas, impone a través de amenazas de guerra económica sobre la mayor parte del mundo.

No es fácil estar contra una idea defendida por tanto dinero. Por ello algunos han propuesto el concepto de "biopiratería" como enfoque alternativo. En lugar de oponerse a la existencia de los monopolios biológicos, esta postura tiene como objetivo entregar al resto del mundo una parte de sus beneficios. La exigencia es la siguiente: las empresas de biotecnología que cometen biopiratería cuando basan sus trabajos en variedades naturales, o en genes humanos descubiertos en países en vías de desarrollo o entre poblaciones indígenas --y por tanto, tendrían que estar obligadas a pagar royalties por ello.

La "biopiratería" seduce a primera vista porque se aprovecha de la tendencia actual hacia poderes monopolistas cada vez más grandes y numerosos. Va en el sentido de la corriente en vez de ir en contra. Pero no resolverá el problema. El motivo es que las variedades y los genes útiles no se encuentran en todos los lugares, y no están repartidos de manera igualitaria. Algunos países en vías de desarrollo y algunos pueblos indígenas serían afortunados y recibirían sumas sustanciales con este sistema, al menos durante los veinte años que dura una patente; algunos correrían el riesgo de enriquecerse hasta el punto de provocar una dislocación cultural, que los llevaría a un segundo episodio una vez se hubieran gastado las riquezas. Durante este tiempo, la mayor parte de estos países y de estos pueblos recibirían poco o nada de este sistema. Los royalties de la "biopiratería", así como el sistema de patentes en sí mismo se convertirían en una especie de lotería.

El concepto de "biopiratería" presupone que es un derecho natural la posesión de una planta, de variedades animales y de genes humanos. Si aceptamos esta afirmación, es difícil poner en cuestión el derecho natural de las empresas de biotecnología de poseer una variedad artificial, un gen o un fármaco y será por lo tanto difícil rechazar la exigencia de los accionistas de un control total y mundial sobre su utilización.

La idea de la "biopiratería" ofrece a las multinacionales, y a los gobiernos que trabajan para ellas, una vía fácil para cimentar definitivamente su régimen de monopolio. Mostrándose magnánimas, pueden conceder una pequeña parte de sus ingresos a algunos pueblos indígenas afortunados; a partir de este momento, cuando alguien se cuestione si las patentes biológicas son una buena idea, las empresas podrán citar a estos pueblos indígenas junto con el mito del "inventor genial muerto de hambre" para desmentir a quienes los impugnan como saqueadores de oprimidos.

Lo que de verdad necesita la gente que se encuentra al margen del mundo desarrollado, para su agricultura y su medicina, es liberarse de todos estos monopolios. Tienen que tener libertad para fabricar medicamentos sin pagar royalties a las multinacionales. Tienen que poder cultivar y criar todo tipo de plantas y animales para la agricultura; y si deciden utilizar la ingeniería genética, tendrían que poder realizar las modificaciones genéticas que respondan a sus necesidades. Un décimo de lotería a cambio de una parte de los royalties gracias a algunas variedades y a algunos genes no compensa la pérdida de su libertad. En efecto, es condenable que las empresas de biotecnología conviertan los recursos genéticos naturales mundiales en monopolios privados, pero lo que es verdaderamente condenable no es acaparar la propiedad legítima de otro, sino privatizar lo que tendría que ser público. Esas empresas no son biopiratas. Son biocorsarias.

 

Traducción castellana del inglés: Marisa Pérez Colina & Miquel Vidal

             Casper Gutman, un gangster de modales exquisitos y palabra culta, personaje de El halcón maltés, de Dashiell Hammet, es capaz de incitar al asesinato para conseguir una valiosa figura de oro y piedras preciosas. Cuando se le pregunta qué derecho tiene sobre esa joya responde: "Un objeto de tal valor pertenece sin duda a quien lo consiga". Ésa parece ser la filosofía del sector farmacéutico, blindado tras un injusto sistema de patentes: el conocimiento para quien se apropie de él. Según Noam Chomsky, "los derechos de propiedad intelectual no son más que protección del control que garantiza a las grandes corporaciones el derecho a cobrar precios de monopolio".

 

           Y visto todo esto, ¿quién es más pirata?

 

           Los pueblos indígenas de Chiapas, México, se oponen al proyecto de los Grupos de Cooperación Internacional Maya sobre Biodiversidad, cuyo brazo comercial es la  Molecular Nature Ltd. Las acciones llevadas a cabo en el Reino Unido contra la citada compañía tenían como objetivo destacar la lucha de las comunidades indigenas Maya contra la biopirateria extranjera y la agresión del ejercito mexicano en la que es una de las regiones mas ricas del mundo en biodiversidad. Activistas vestidos de piratas visitaron el cuartel general de dicha empresa en Maidenhead,  Berkshire, y sus laboratorios de investigación en Gales.

 

           Se repartieron cartas a destacados ejecutivos y accionistas, al tiempo que visitaron los jardines de los miembros del consejo de dirección para recoger muestras de plantas de forma simbólica. En boca de uno de los activistas:

 

"Bromeamos sobre mandar las muestras a Chiapas para ver si contienen alguna medicina milagrosa. Cuando llegamos a la sede de la empresa, uno de los directores se quejo de que no teníamos cita y debíamos marcharnos, la respuesta fue que las comunidades indígenas dicen lo mismo sobre este proyecto de cooperación sobre biodiversidad que invade su territorio".

 

"Queremos mandar un mensaje a las comunidades indígenas de Chiapas y otros lugares de que tienen nuestro completo apoyo, y que no nos vamos a cruzar de brazos mientras las multinacionales de nuestros países destruyen sus culturas y  formas de vida, robando recursos que siempre han sido distribuidos libremente. Gentes de todo el mundo se oponen a la patente sobre formas de vida. La diversidad cultural y biológica solo puede ser salvaguardada por las gentes que la han mantenido al centro de sus vidas, y la lucha por el derecho a mantener estas debe ser defendido a toda costa."

 

           Los activistas también mandaron cartas al embajador de México en el Reino Unido y al consulado mexicano:

 

"Llamamos al nuevo presidente a poner fin a las actividades militares contra las poblaciones indigenas de Chiapas, y a la complicidad con el pillaje de recursos por parte de las empresas extranjeras en la zona. Demandamos al gobierno mexicano que reconozca las decisiones y los derechos de las gentes de Chiapas de continuar salvaguardando su diversidad cultural y biológica para las generaciones futuras, y que retire su participación de este acto de neocolonialismo así como su presencia militar en la zona."

 

                 Uno de los principales investigadores del proyecto, Brent Berlin, de la Universidad de Georgia (Estados Unidos), afirma categóricamente que 'la recogida de muestras con fines biotecnológicos aun no ha empezado'. Sin embargo, los habitantes de la zona afirman que se han recogido muestras durante los últimos dos años y creen que una amplia colección de germoplasma se conserva en la Universidad de Georgia.

 

           La tarea especifica de Molecular Nature Ltd., socio comercial en el Reino Unido, es proveer muestras 'totalmente a punto de ser empleadas por la industria farmacéutica, agroquímica y otras, a fin de descubrir nuevos productos valiosos'. El resultado neto de este proyecto será una colección de patentes de compuestos fotoquímicos extraídos de las plantas de Chiapas, que serán propiedad de compañías extranjeras. No se ha dado a las comunidades indígenas de la región un foro de discusión que las incluya plenamente, y no han tenido la oportunidad de establecer un sistema legal sui generis. Las comunidades indígenas tienen todo el derecho de rechazar completamente el concepto de patentes sobre formas de vida y recursos comunitarios. Según Sebastián Luna, indígena tzeltal y uno de los voceros del Consejo, el proyecto “Es un robo de recursos y conocimientos indígenas tradicionales, con el objetivo producir fármacos que no beneficiarán en modo alguno a las comunidades que han gestionado estos recursos sustentablemente en forma milenaria”.

 

           Las comunidades maya y sus curanderos tradicionales piden la suspensión del proyecto Maya ICBG y un análisis completo de las leyes mexicanas a fin de proteger su cultura y recursos. Se oponen a la concesión de permiso al proyecto de recogida de plantas para usos biotecnológicos. Según Rafael Alarcón, asesor del Consejo Estatal, el convenio firmado entre ECOSUR, la Universidad de Georgia y la Molecular Nature Limited, “está contra las leyes mexicanas, ya que no se ha realizado ninguna consulta previa e informada con las comunidades afectadas, y viola acuerdos internacionales de los que México es signatario, tales como el Convenio de Diversidad Biológica y particularmente su artículo 8j- y el Convenio 169 sobre Derechos Indígenas de la Organización Internacional de Trabajo”. Alarcón continúa “La ECOSUR invitó a OMIECH Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas, una de las integrantes del Consejo Estatal-, a participar de este convenio de bioprospección, pensando que con la promesa de un llamado “reparto de beneficios” futuro, los médicos indígenas aceptarían este proyecto. En las reuniones en que participamos