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Derechos Humanos en China:
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Cuadro de texto: Los Juegos Olímpicos de Pekín provocaron un aumento de la represión en todo el país, al endurecer las autoridades el control sobre defensores y defensoras de los derechos humanos, practicantes de diversas religiones, minorías étnicas, profesionales de la abogacía y periodistas. Tras las protestas y los disturbios que comenzaron en marzo en Lhasa, en un primer momento el gobierno detuvo a más de un millar de personas. Al finalizar el año, centenares de ellas continuaban recluidas o en paradero desconocido. Las autoridades utilizaron una serie de incidentes violentos presuntamente vinculados a terroristas para iniciar una amplia represión contra la población uigur en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang. La tortura y otros malos tratos continuaban siendo prácticas generalizadas. Las autoridades mantenían un férreo control sobre la difusión de información, bloquearon el acceso a numerosos sitios web, y hostigaron y encarcelaron a periodistas y cibernautas por la expresión pacífica de sus ideas. Además, durante el periodo previo a los Juegos Olímpicos utilizaron con mayor frecuencia formas punitivas de detención administrativa, especialmente a través del sistema de «reeducación por el trabajo», para silenciar las voces críticas. Defensores y defensoras de los derechos humanos Las personas que ejercían pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación continuaban en grave peligro de sufrir hostigamiento, arresto domiciliario, detención arbitraria y tortura y otros malos tratos. Los familiares de activistas de derechos humanos, incluidos menores de edad, estuvieron cada vez más en el punto de mira de las autoridades y, entre otras cosas, fueron objeto de arresto domiciliario durante periodos prolongados y de hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad. También corrieron peligro los abogados que se hicieron cargo de casos delicados. A algunos les retiraron la licencia para ejercer su profesión, mientras que otros perdieron su empleo. Hubo abogados que recibieron advertencias concretas de las autoridades para que no aceptasen casos delicados, como los correspondientes a seguidores de Falun Gong y a tibetanos detenidos durante los disturbios en las zonas tibetanas. Chen Guangcheng, asesor jurídico y activista invidente, continuaba sufriendo malos tratos en prisión. Cumplía una pena de cuatro años y tres meses de cárcel impuesta tras intentar que las autoridades locales de Shandong rindiesen cuentas por realizar esterilizaciones y abortos forzados a fin de que se cumpliesen las cuotas de nacimientos. Su esposa, Yuan Weijing, continuó sufriendo hostigamiento por parte de la policía, especialmente durante el periodo previo a los Juegos Olímpicos de Pekín, y siguió sometida a una estricta vigilancia policial. Sistema de justicia y juicios injustos El sistema de justicia penal seguía estando sumamente expuesto a las injerencias políticas. Los tribunales, la Fiscalía Popular y la policía continuaban bajo la supervisión del Partido Comunista Chino. Las autoridades seguían utilizando disposiciones de la legislación penal relativas a la seguridad del Estado y a los «secretos de Estado», amplias y de redacción imprecisa, para silenciar la disidencia y castigar a defensores de los derechos humanos. Muchas de las personas acusadas en aplicación de disposiciones relativas a «secretos de Estado» fueron sometidas a juicios injustos y, en virtud de disposiciones de la legislación sobre procedimiento penal, no gozaron de las protecciones que sí tenían otros acusados en cuanto al acceso a la familia y a asistencia letrada y la celebración de un juicio público. Detención y reclusión arbitrarias Las autoridades intensificaron la utilización de tipos de detención administrativa que permitían a la policía el encarcelamiento sin juicio. Cientos de miles de personas estaban sometidas a estas formas de detención y permanecían en centros como los campos de «reeducación por el trabajo», en donde podían estar recluidas hasta cuatro años sin juicio. Según informes, en los centros secretos de detención del extrarradio de Pekín, conocidos como «cárceles negras», permanecían recluidos miles de peticionarios –personas que habían solicitado a las autoridades centrales un resarcimiento por una amplia variedad de agravios que no habían podido solucionar en el ámbito local– antes de ser devueltos a sus lugares de procedencia. Las personas que se encontraban bajo detención administrativa continuaban corriendo un grave peligro de sufrir tortura y otros malos tratos. En noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura pidió a China la eliminación inmediata de todas las formas de detención administrativa. En junio, Huang Qi, activista de derechos humanos radicado en Sichuan, fue detenido por la policía como sospechoso de «posesión ilegal de documentos clasificados de alto secreto». La razón de su detención no estaba clara, pero al parecer guardaba relación con el hecho de que había ayudado a las familias de cinco alumnos de enseñanza primaria que murieron al desplomarse el edificio de su colegio durante el terremoto que se produjo en Sichuan en mayo. Las familias solicitaban a las autoridades locales una indemnización porque consideraban que la calidad de la construcción era deficiente a causa de la corrupción. Huang Qi permaneció recluido en régimen de incomunicación durante más de 100 días antes de reunirse por primera vez con un abogado en septiembre. En octubre rechazó la oferta de las autoridades de dejarlo en libertad a cambio de que abandonase su trabajo en favor de los derechos humanos. Continuaba recluido sin juicio ni acceso a su familia. Tortura y otros malos tratos A pesar de las reformas legislativas, continuaba existiendo la tortura en prisiones, comisarías, campos de «reeducación por el trabajo» y otros centros de detención no oficiales. Defensores de derechos humanos, peticionarios, tibetanos, uigures, seguidores de Falun Gong, cristianos y otras personas que practicaban su religión al margen de los canales autorizados por el Estado corrían especial peligro de sufrir tortura y otros malos tratos por parte de las autoridades y de personas no identificadas. Pena de muerte En 2008, las autoridades expresaron su intención de aumentar el uso de la inyección letal al considerar que se trataba de un método de ejecución «más humano» que el pelotón de fusilamiento. Según cálculos de Amnistía Internacional, se impusieron como mínimo 7.000 penas de muerte y se llevaron a cabo no menos de 1.700 ejecuciones. Sin embargo, las autoridades se negaron a dar a conocer las estadísticas sobre penas de muerte y ejecuciones, y la verdadera cifra era sin duda más elevada. En diciembre, China votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones. Libertad de expresión El gobierno mantuvo un estricto control sobre la libertad de expresión. Periodistas y cibernautas corrían peligro de ser hostigados o encarcelados por tratar temas delicados desde el punto de vista político. Aproximadamente 30 periodistas y otras 50 personas continuaban encarcelados por publicar sus opiniones en Internet. Dos semanas antes de los Juegos Olímpicos, las autoridades crearon «zonas de protesta» en tres parques de Pekín en los que se permitían manifestaciones. Sin embargo, no se tenía constancia de que se hubieran concedido permisos oficiales para celebrar protestas, y las zonas continuaron vacías. Numerosas personas fueron detenidas y quedaron bajo vigilancia tras haber solicitado permiso para protestar. Unos días antes del comienzo de los Juegos Olímpicos, las autoridades desbloquearon el acceso a algunos sitios web; sin embargo, muchos otros continuaron bloqueados. En octubre, las autoridades anunciaron que se prorrogaría indefinidamente la normativa promulgada en enero de 2007 que reducía los controles sobre los periodistas extranjeros acreditados en las Olimpiadas. Las autoridades interrogaron y hostigaron a numerosos firmantes de la Carta 08, que proponía un proyecto de reformas políticas y jurídicas fundamentales en China. Al finalizar el año, el firmante Liu Xiaobo continuaba recluido.

Cuadro de texto: "...se impusieron como mínimo 7.000 penas de muerte y se llevaron a cabo no menos de 1.700 ejecuciones."

Cuadro de texto: Libertad de religión Las personas que practicaban su religión al margen de los canales autorizados por el Estado, como cristianos, musulmanes, budistas y otros, eran objeto de hostigamiento y persecución. Las autoridades hostigaban, detenían y a menudo sometían a malos tratos a miembros de casas iglesia cristianas no autorizadas y confiscaban o destruían sus propiedades. Entre quienes sufrían una persecución más implacable por parte del gobierno figuraban los seguidores de Falun Gong. Según informes, miles de ellos fueron detenidos durante el periodo previo a los Juegos Olímpicos, y centenares fueron encarcelados o sometidos a «reeducación por el trabajo» y otras formas de detención administrativa en donde corrían peligro de sufrir tortura y otros malos tratos que en ocasiones conllevaban la muerte. El 25 de enero, Yu Zhou, conocido cantante de música tradicional, licenciado por la Universidad de Pekín y, según informes, seguidor de Falun Gong, fue detenido en el distrito pekinés de Tongzhou junto con su esposa, Xu Na, poetisa y pintora. El 6 de febrero, autoridades del Centro de Urgencias del distrito de Qinghe informaron a su familia de que Yu Zhou había muerto de diabetes a causa de una huelga de hambre, aunque la familia sostenía que cuando fue detenido se encontraba bien de salud. El personal del Centro de Urgencias denegó la petición de los familiares de ver el cadáver y de que se le practicase la autopsia. El 25 de noviembre, Xu Na fue condenada a tres años de prisión por «utilizar una organización herética para desvirtuar la aplicación de la ley». Presentó un recurso contra la sentencia y corría peligro de sufrir tortura y otros malos tratos bajo custodia. Región Autónoma del Tíbet y zonas tibetanas limítrofes Tras los disturbios de marzo, las zonas de China habitadas por población tibetana continuaron totalmente cerradas al escrutinio exterior. Salvo los primeros días, las protestas fueron fundamentalmente pacíficas. Sin embargo, las autoridades informaron de que manifestantes violentos habían matado a 21 personas, y organizaciones tibetanas en el extranjero cifraron el número de tibetanos muertos en más de un centenar. Aunque las autoridades chinas anunciaron que más de un millar de personas detenidas en las protestas habían quedado en libertad, organizaciones tibetanas en el extranjero calculaban que al menos varios cientos de ellas continuaban recluidas al finalizar el año. Resultaba difícil determinar las cifras exactas porque las autoridades negaron el acceso a medios de comunicación y observadores independientes. Se recibieron informes de tortura y otros malos tratos a personas detenidas, que en algunos casos les acarrearon la muerte. Según informes, importantes monasterios y conventos de monjas continuaban prácticamente incomunicados. Las autoridades reanudaron la campaña de «Educación Patriótica», que exigía la participación de los tibetanos en sesiones colectivas de crítica al Dalai Lama y la firma de denuncias contra él. Miembros tibetanos del Partido Comunista Chino también fueron objeto de esta campaña y, entre otras cosas, se los obligó a que sacaran a sus hijos de colegios de la comunidad tibetana en el exilio en donde recibían educación religiosa. Paltsal Kyab, tibetano de la provincia de Sichuan, murió el 26 de mayo, cinco semanas después de haber sido detenido por la policía en relación con las protestas. Paltsal Kyab tenía 45 años y había participado en una marcha de protesta celebrada el 17 de marzo en el municipio de Charo, en la comarca de Ngaba (en chino: Aba). Su familia no recibió autorización para visitarlo mientras estaba detenido ni tuvo noticias sobre su situación hasta el 26 de mayo, cuando dos dirigentes del municipio de Charo les informaron de su muerte. Al ir a retirar el cadáver, sus familiares hallaron que tenía hematomas y estaba cubierto de ampollas producidas por quemaduras; posteriormente descubrieron que tenía lesiones internas. La policía les dijo que había muerto a causa de una enfermedad, aunque los familiares afirmaron que gozaba de buena salud cuando lo detuvieron. Región Autónoma Uigur del Sin-kiang Aumentó la persecución de la población uigur musulmana de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, en el noroeste de China. Las autoridades utilizaron una serie de hechos violentos, presuntamente vinculados a terroristas, para iniciar una amplia represión. Según medios de comunicación oficiales, casi 1.300 personas fueron detenidas a lo largo del año por terrorismo, extremismo religioso u otros cargos relativos a la seguridad del Estado, y 1.154 fueron imputadas formalmente y estaban pendientes de juicio o habían recibido sanciones administrativas. El 14 de agosto, Wang Lequan, secretario del Partido Comunista en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, anunció una lucha «a vida o muerte» contra el «separatismo» uigur. Ablikim Abdiriyim, hijo de la activista de derechos humanos exiliada Rebiya Kadeer, continuaba recluido en la prisión de Baijiahu acusado de separatismo», cargo por el que había sido condenado a nueve años de cárcel en abril de 2007. El 6 de diciembre de ese año, durante la primera visita que se le permitía recibir desde su detención, su familia lo encontró en muy mal estado de salud. Las autoridades de la prisión lo atribuyeron a una enfermedad cardíaca y dieron a entender que podría empeorar aún más si se negaba a «colaborar» o a «admitir su culpabilidad». A pesar de las continuas peticiones de su familia, las autoridades se negaron a dejarlo en libertad condicional para que recibiera tratamiento médico. Las autoridades locales mantuvieron un férreo control sobre las prácticas religiosas, como la prohibición de que empleados del gobierno y menores de 18 años acudieran a rendir culto a las mezquitas. Según informes, 160 niños y niñas uigures de entre 8 y 14 años de edad que vivían y estudiaban en la zona hui musulmana de la provincia de Yunnan fueron detenidos por agentes de policía enviados por el Departamento de Seguridad Pública de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, trasladados a Urumqi y recluidos en la prisión de Bajiahu. Según los informes recibidos, 10 de ellos quedaron en libertad tras pagar sus progenitores 20.000 yuanes (3.140 dólares estadounidenses). A quienes no podían pagar se les comunicó que sus hijos serían acusados de participar en «actividades religiosas ilegales». Según informes, en 2008 fueron ejecutadas en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang un gran número de personas condenadas a muerte, a algunas de las cuales se les había impuesto además una suspensión de la pena de dos años. Según la práctica jurídica interna, las condenas a muerte con dos años de suspensión podían conmutarse por cadena perpetua si las personas mostraban buen comportamiento durante los dos primeros años. Salvo en el caso de un tibetano, la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang continuaba siendo la única región china en donde se ejecutaba a personas por delitos de índole política.