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En septiembre de 2000 la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas adoptó un lista de metas orientadas a reducir a la mitad la pobreza para el año 2015. Estos son esos 8 objetivos:

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

C Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día.

C Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre.

 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal

C Velar por que, para el año 2015, todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.

 

Objetivo  3: Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer

C Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para 2015.

 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil

C Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años.

 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna

C Reducir, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes.

 

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

C Detener y comenzar a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA.

C Detener y comenzar a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves.

C Prestar especial asistencia a los niños huérfanos por causa del VIH/SIDA.

 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

C Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente.

C Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua potable.

C Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de infraviviendas para el año 2020.

 

Objetivo  8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

C Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio. Ello incluye el compromiso de lograr una buena gestión de los asuntos públicos y la reducción de la pobreza, en cada país y en el plano internacional.

C Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. Ello incluye el acceso libre de aranceles y cupos para las exportaciones de los países menos adelantados, el programa mejorado de alivio de la deuda de los países pobres muy endeudados y la cancelación de la deuda bilateral oficial y la concesión de una asistencia oficial para el desarrollo más generosa a los países que hayan mostrado su determinación de reducir la pobreza.

C Atender a las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y de los pequeños Estados insulares en desarrollo.

C Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo.

C En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo.

C En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo.

C En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular, los de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Más de 400 ONGD federadas en la COORDINADORA DE ONGD DE ESPAÑA y en sus COORDINADORAS AUTONÓMICAS FEDERADAS, y otros actores representativos de la sociedad civil española, en estrecha coordinación con las organizaciones y movimientos sociales de más de 100 países que realizamos conjuntamente la “Llamamiento Mundial de Acción contra la Pobreza",

SUMANDO NUESTRAS VOCES MANIFESTAMOS:

QUE la persistencia de la pobreza y la desigualdad en el mundo de hoy no se puede justificar. Pese a los esfuerzos realizados durante décadas, la brecha entre ricos y pobres sigue aumentando. Hoy, más de 3.000 millones de personas carecen de una vida digna a causa de la pobreza. Hambre, SIDA, analfabetismo, discriminación de mujeres y niñas, depredación de la naturaleza, desigual acceso a la tecnología, desplazamientos masivos a causa de los conflictos, migraciones provocadas por la falta de equidad en la distribución de la riqueza a nivel internacional... Son las diferentes caras de un mismo problema: la situación de injusticia que sufre la mayor parte de la población mundial.

QUE el desarrollo sostenible en el planeta está seriamente amenazado porque una quinta parte de la población mundial consume irresponsablemente, con la consecuente sobreexplotación de los recursos naturales.

QUE las razones de la desigualdad y la pobreza se encuentran en la forma en que los seres humanos organizamos nuestra actividad política y económica. El comercio internacional y la especulación financiera que privilegia las economías más poderosas, una deuda externa asfixiante e injusta para muchos países empobrecidos, así como un sistema de ayuda internacional escaso y descoordinado hacen que la situación actual sea insostenible.

QUE para lograr la eficacia de las políticas de Desarrollo Internacional, el Desarrollo Humano Sostenible y Bienes Públicos Globales es imprescindible avanzar en la consecución de una gobernanza global democrática y participativa.

QUE el crecimiento económico espectacular generado en los últimos años no ha contribuido a garantizar los derechos humanos ni a mejorar las condiciones de vida en todas las regiones del mundo, ni para todas las personas sea cual sea su condición, género, raza o cultura. Más bien al contrario, ha aumentado la desigualdad y la injusticia hasta cotas escandalosas. El camino de la paz pasa por luchar contra la pobreza y la falta de equidad.

QUE luchar contra la pobreza, en sus distintas dimensiones, significa actuar contra la exclusión de las personas, a favor de las garantías de sus derechos económicos, sociales y culturales que se traducen en protección, trabajo digno, renta, salud y educación, poder, voz, medios de vida, en condiciones de igualdad. Es un compromiso irrenunciable e impostergable: toda la sociedad en su conjunto es responsable de su consecución.

POR TODO ELLO se hacen eco del compromiso adquirido por los Gobiernos y Estados firmantes de la Declaración del Milenio de Naciones Unidas en el año 2000, respecto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como un primer paso, para erradicar el hambre y la pobreza.

SOLICITAMOS:

C MÁS AYUDA oficial al desarrollo, priorizando a los sectores sociales básicos, hasta alcanzar el compromiso del 0,7%.

C MEJOR AYUDA, desligada de intereses comerciales, orientada a los países más pobres y coherente con los Objetivos del Milenio.

C MÁS COHERENCIA en las diferentes políticas de nuestros gobiernos para que todas ellas contribuyana la erradicación de la pobreza.

C CANCELAR LA DEUDA IMPAGABLE: los países ricos, el Banco Mundial y el FMI deben cancelar el 100% de la deuda de los países más pobres.

C DEUDA POR DESARROLLO: invertir los recursos liberados por la cancelación de la deuda de los países empobrecidos para alcanzar los Objetivos del Milenio.

C CAMBIAR LAS NORMAS DEL COMERCIO internacional que privilegian a los países ricos y a sus negocios e impiden a los gobiernos de los países empobrecidos decidir cómo luchar contra la pobreza y proteger el medio ambiente.

C ELIMINAR LAS SUBVENCIONES que permiten exportar los productos de los países ricos por debajo del precio de coste de producción, dañando el sustento de las comunidades rurales en los países empobrecidos.

C PROTEGER LOS SERVICIOS PÚBLICOS de liberalizaciones y privatizaciones con el fin de asegurar los derechos a la alimentación, y de acceso al agua potable y a medicamentos esenciales.

C FAVORECER EL ACCESO A LA TECNOLOGÍA por parte de los países menos desarrollados, de acuerdo a sus necesidades, para que puedan disfrutar de sus beneficios.

Ante la convocatoria de una ponencia en el Congreso de los Diputados sobre la Propuesta de Ley Reguladora del Tratamiento de la Deuda Externa, exponemos las demandas que desde la ALIANZA ESPAÑOLA CONTRA LA POBREZA hemos ido trasladando al gobierno, a los partidos políticos y a los medios de comunicación, por diferentes vías, para obtener una solución efectiva al endeudamiento que muchos países del mundo sufren. Creemos que la discusión de la Ley constituye una oportunidad de avance para una solución, pero nos preocupa la orientación de algunas de las enmiendas presentadas a la propuesta de Ley porque contradicen la lucha contra la pobreza. Asimismo, reiteramos nuestro compromiso de movilizarnos conjuntamente a favor de una Ley que realmente ponga fin a la injusticia de la Deuda Externa.

 

1. Sobre los principios

i. Corresponsabilidad: El tratamiento de la Deuda Externa en todos los países, especialmente para los países que más deuda tienen contraída con el Estado Español, implica adoptar mecanismos eficaces para determinar responsabilidades respecto de aquellas deudas ilegítimas que hayan sido generadas con gobiernos corruptos o que violen los derechos humanos. La Ley debe recoger explícitamente el principio de corresponsabilidad entre acreedores y deudores como punto de partida desde el cual entender el tratamiento de la deuda externa.

ii. Gestión de los recursos liberados: la única condicionalidad admisible en el tratamiento de la deuda es la vinculación de los recursos liberados por las cancelaciones de deudas legítimas a la reducción de la pobreza y las desigualdades, empleando siempre mecanismos que garanticen en todo momento la participación de la sociedad civil afectada, que no generen más deuda externa, que no supongan más ayuda ligada a intereses económicos o comerciales españoles y que no violen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los países endeudados. No resulta admisible condicionar las cancelaciones a la aplicación de determinadas medidas de política económica decididas por las Instituciones Financieras Internacionales.

2. Sobre los procesos para la gestión de la deuda

i. Planificación: La Ley debe garantizar el establecimiento de una política de gestión de la deuda externa planificada, explícita, previsible, transparente y participativa, que asegure las previsiones financieras que sean necesarias y sea coherente con la planificación de la cooperación española. Facilitaría esta planificación la inclusión de las previsiones de operaciones de deuda tanto en los PACI como en los Planes de Estrategia País o Planes Sectoriales.

ii. Transparencia informativa: tanto la planificación como las ejecuciones en materia de deuda externa (cancelaciones, conversiones y cobros de deuda, así como concesión de créditos concesionales o comerciales y las operaciones con cargo a CESCE) deben ser públicas, facilitándose información detallada al respecto a través de internet y otros medios. Se debe prever la elaboración de un Informe Público Anual sobre la gestión de la deuda, que sea discutido en el Congreso de los Diputados (enviado a la Comisión de Cooperación) y el Consejo de Cooperación.

iii. Participación social: la Ley debe prever mecanismos específicos de participación de la ciudadanía, tanto del Estado español como de los países endeudados, en la política de gestión de la deuda externa, a través del Consejo de Cooperación, el Parlamento, la Comisión de Cooperación y otras vías como la formación de comités en las que organizaciones de la sociedad civil estén incluidas.

 3. Sobre el tratamiento de la deuda externa

i. Cancelación de la deuda: la Ley de Deuda debe establecer medidas iniciales de cancelación del 100% de la deuda externa bilateral de todos los países que en este momento necesitan la cancelación de sus deudas para poder financiar el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por tanto, estas medidas deben incluir a los Países Pobres Altamente Endeudados, África Subsahariana y Países Menos Adelantados. La ley no debe cerrar la puerta a la posibilidad de que el Estado Español pueda decidir la cancelación de la deuda en determinados casos en plazos más rápidos a los establecidos a nivel internacional (Club de París, IFIs).

ii. Evaluación y auditorías: como aplicación inmediata del principio de corresponsabilidad, se debe impulsar el establecimiento de evaluaciones y auditorías sobre los créditos FAD y las operaciones aseguradas por CESCE originarios de la deuda, de manera que se permita dar seguimiento al uso de los recursos, así como determinar nuevas cancelaciones cuando se estime que las deudas son ilegítimas.